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Proyectos

Los proyectos son una de las herramientas que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos de promoción y fortalecimiento de la diversidad cultural y reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos cinco años hemos colaborado con organizaciones indígenas y ONG de apoyo en Colombia, Paraguay, Argentina y Chile.

Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que representan, en especial los derechos sobre sus tierras, territorios y medio ambiente.

Organizaciones socias: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia (OIA) y Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).
Coste total: 800.584 €.
Cofinanciado por: Unión Europea – Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (749.907 €).

En los últimos años han aumentado en los territorios indígenas los conflictos sobre los derechos relativos a la tierra y a los recursos naturales y se han intensificado los ataques a las comunidades y las violaciones de los derechos colectivos e individuales de los indígenas, especialmente de los líderes y lideresas, las defensoras y defensores.

Para abordar esta situación, el proyecto pretende, en primer lugar, fortalecer las capacidades de distintas organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para el control del territorio, la protección de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos y el ejercicio de su labor. Para ello, se prevén actividades relacionadas con la elaboración o actualización de documentos de planificación y protección que las organizaciones estarán en condiciones de aplicar; una dotación para la realización de las tareas de los cuidadores y cuidadoras del territorio (guardia indígena) en Colombia y para la creación de un Fondo de Apoyo a Defensores y Defensoras de DDHH en Paraguay; y la interposición de acciones judiciales y administrativas para la protección del territorio y los defensores. La combinación de estos elementos mejorará la capacidad de las comunidades y organizaciones para detectar amenazas a la seguridad personal y territorial y de responder ante ellas, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades ante riesgos que afectan a sus vidas y sus derechos.

En segundo lugar, el proyecto apunta a aumentar las capacidades de las organizaciones y los liderazgos indígenas para exigir el cumplimiento de los derechos y denunciar sus violaciones, así como para obtener apoyos para mejorar su labor.

Más de 500 personas de los 2 países se habrán formado en derechos territoriales, mecanismos de control territorial, evaluaciones de riesgos y estrategias de protección y seguridad humana, fortaleciendo con ello su papel en el nivel comunitario y organizativo. Además, se habrán diseñado y aplicado 3 estrategias de incidencia institucional, que permitirán una mejor coordinación entre actores y favorecerán un mayor impacto en la denuncia y la exigencia de cumplimiento de los derechos. Se prevé además la realización de un intercambio de experiencias, que promoverá la reflexión y el análisis sobre las fortalezas, potencialidades y riesgos de los distintos mecanismos de control territorial y protección de los derechos humanos y fortalecerá el conocimiento mutuo.

Por último, el proyecto persigue disponer de una más amplia información para las instituciones y sociedades nacionales acerca de la labor de los defensores y defensoras y los riesgos a los que se exponen, a través de la puesta en marcha de distintas campañas de sensibilización, la difusión de los mecanismos de control territorial previstos y la elaboración de una serie de productos comunicativos.

Se prevé que todo ello contribuya, por una parte, a aumentar la calidad y cantidad de las acciones e intervenciones que las organizaciones y comunidades indígenas llevan a cabo para ejercer el control de sus territorios y la protección de sus derechos individuales y colectivos; y, por otra, a incrementar el número de acuerdos y convenios entre las organizaciones indígenas y las instituciones competentes en materia de derechos territoriales y de protección de defensores.

Cualificación de la participación de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas de tres municipios del norte del Cauca en la implementación territorial de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Organizaciones socias: Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política.
Coste total: 220.026 €.
Cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID (200.000 €).

El proyecto se desarrolla en tres municipios del norte del Cauca, una región de contraste entre la población rural y urbana, con un fuerte componente étnico: la población es 58% habitante de zonas rurales y el 77% son indígenas y afrodescendientes. El 49,7% de la población son mujeres, de las cuales el 55% son menores de 30 años.

El 46% de la población sufre pobreza multimodal y el 20% condiciones de miseria. Los tres municipios tienen una alta presencia de cultivos de uso ilícito y una actividad económica basada en el monocultivo de la caña, que ha expropiado a las comunidades de sus tierras y ha convertido a sus miembros en obreros asalariados en los ingenios.

La zona ha sido desde hace más de 50 años muy afectada por el conflicto armado, ha concentrado altos niveles de violación de los derechos humanos y de violencia política, con índices elevados de impacto de violencia política y sexual contra las mujeres. En medio de esta dinámica se han gestado procesos organizativos de pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y de mujeres, y procesos de resistencia civil a la guerra y de acciones por la salida negociada al conflicto.

El pueblo indígena nasa, a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca; las comunidades afrocolombianas, a través de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca; y las comunidades campesinas, a través de las Zonas de Reserva Campesina, son parte de las iniciativas organizadas de la región.

Además, en los últimos cinco años se ha conformado una dinámica sostenida de organización de mujeres, expresada en el colectivo Mujeres Diversas. La firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno plantea desafíos para las mujeres del norte del Cauca, que son protagonistas en la construcción de una paz estable y duradera en los territorios y en la definición de las transformaciones institucionales en esta fase de transición política, desde una perspectiva de género y étnica.

El proyecto pretende trabajar en este contexto para que las mujeres participen e incidan efectivamente en la fase de implementación de los acuerdos. Para ello, pretende fortalecer su capacidad de diagnóstico, elaboración de propuestas e incidencia; desarrollar un sistema de seguimiento a la aplicación de los Acuerdos con enfoque de género, étnico y territorial; y propiciar en la región un ambiente favorable a su implementación, a través de distintas acciones de difusión y sensibilización.

Casa de acogida para la defensa de los derechos humanos de la comunidad Juan Paillalef (Temuco, Chile).

Organizaciones socias: Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Coste total: 45.600 €.
Cofinanciado por: Cabildo de Gran Canaria (40.000 €).

El proyecto pretende la instalación de una Casa de Acogida para la defensa de los Derechos Humanos en Temuco, capital de la región de La Araucanía (Chile) para las comunidades (Lof) del Ngulumapu (Chile) y Puelmapu (Argentina), la cual servirá a la vez de oficina y de casa de acogida para los comuneros y comuneras mapuche que, por distintas razones, necesitan alojarse en Temuco.

Actualmente las comunidades mapuche que viven en el territorio conocido como Chile o Argentina no cuentan con un lugar de paso y encuentro en la ciudad de Temuco que sea autónomo. Sin embargo, por razones varias, los comuneros y comuneras mapuche de distintos puntos geográficos están viajando constantemente a la capital de la región: deben acudir a la ciudad para ser asistidos por los servicios de salud, realizar trámites administrativos de diversa índole, visitar a familiares que están en instituciones eventualmente (ingresados en hospitales, en internados educativos o en prisión), o acudir a sesiones formativas convocadas por las instituciones públicas o privadas de la región, entre otros motivos.

Además, es necesario para las comunidades disponer de una oficina desde la que se puedan realizar los trámites necesarios ante las instituciones públicas y que será, al mismo tiempo, la sede de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos. Así mismo, para la elaboración de informes y denuncias es necesario contar con un lugar físico y seguro donde recopilar los datos sobre vulneraciones de derechos humanos presentados por las comunidades.

La creación e implementación de un lugar de paso, acogida y encuentro en Temuco, que funcionará bajo la coordinación de las propias autoridades ancestrales del pueblo mapuche, responde a una necesidad de las comunidades, que de esa manera dispondrán de mejores condiciones para el disfrute de sus derechos individuales y colectivos.

Fortalecimiento de los y las cuidadoras del territorio nasa (kiwe thegnas) de Toribío para la promoción de la paz, la protección de los derechos humanos y el desarrollo del plan de vida indígena en la etapa posterior a los acuerdos de paz.

Organizaciones socias: Asociación de Cabildos Indígenas de Tacueyó, Toribío y San Francisco – Proyecto Nasa.
Coste total: 102.000 €.
Cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID (80.000 €).

El municipio de Toribío se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Cauca, en Colombia. Está conformado por tres resguardos indígenas (Tacueyó, Toribío y San Francisco), con una población total de 33.557 habitantes -de los cuales el 96,1 % se reconoce como indígena nasa-, que dependen fundamentalmente de las actividades agropecuarias. Los tres resguardos están agrupados en la Asociación de Cabildos del Proyecto Nasa, máxima autoridad indígena en la zona y socio local del proyecto.

La ubicación geográfica del territorio como corredor estratégico de comunicación entre el interior del país, los llanos orientales y la costa Pacífica, ha hecho que distintos grupos guerrilleros y de narcotráfico intenten controlarlo. Esto ha ocasionado continuos enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas regulares e irregulares del Estado, así como un constante atropello al derecho de los pueblos indígenas respecto del control de su territorio, su autonomía y cultura. Desde los años 50 las comunidades han vivido en mitad de acciones bélicas, con graves efectos sobre su población (amenazas, persecución política, desplazamiento forzado, muerte violenta y violencia sexual, entre otras) y consecuencias sociales como el desequilibrio y la desarmonización comunitaria y de la naturaleza, la desestructuración de la vida cotidiana, la desconfianza en las relaciones, alteraciones en las redes sociales, tendencia al conflicto, rupturas en la base social y violación sistemática de los derechos humanos. A todo ello se ha sumado la ausencia de políticas públicas estatales, el expolio de los recursos naturales por la economía extractiva y la extensión de los cultivos ilícitos.

En respuesta a la agudización del conflicto armado, las comunidades diseñaron mecanismos de protección para resistir, permanecer en el territorio y hacer frente al conflicto. Uno de los mecanismos de control territorial y social han sido los y las kiwe thegnas, o cuidadores/as del territorio, también conocidos como guardia indígena. Constituyen una institución pública colombiana, cuya labor, centrada en el control territorial, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo del plan de vida, ha sido reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno colombiano.

La guardia indígena no es una fuerza armada, de choque ni combate. Lo único que porta es la chonta (bastón), con unas cintas de color verde, rojo y blanco y un profundo sentido cultural que identifica a su portador o portadora como autoridad tradicional de la comunidad y defensor/a del territorio, la cultura y la autonomía. La función de la guardia es proteger a las comunidades y prevenir la vulneración de derechos. Su modo de operar incluye recorrer los resguardos, hacer monitoreo y emisión de alertas tempranas ante situaciones de riesgo; proteger a la población en los sitios de asamblea permanente; acudir en ayuda cuando un actor armado agrede a la comunidad; organizar búsquedas de desaparecidos; mediar a través del diálogo; y organizar acciones de resistencia, como marchas y asambleas.

La población destinataria directa del proyecto han sido 725 kiwe thegnas, 300 mujeres y 425 hombres, que cumplen sus labores de cuidadores de forma voluntaria, permanente y no retribuida. Con ellos y ellas se ha trabajado para visibilizar su papel como defensores de derechos humanos, mejorar su capacidad para el ejercicio de sus funciones de gobierno propio y fortalecer el papel de las mujeres en tal ejercicio.

Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la definición y puesta en práctica de políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, territorios y recursos para la plena aplicación de sus derechos individuales y colectivos.

Organizaciones socias: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia (OIA), Corporación Grupo Semillas, Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Grupo de Acompañamiento a Comunidades Indígenas de Itapúa (GACII), Newen Mapu y Fundación para el Cambio Democrático (FCD).
Coste total: 829.585 €.
Cofinanciado por: Unión Europea – Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (745.579 €).

A pesar del reconocimiento de sus derechos, los pueblos indígenas sufren una alarmante reducción de sus territorios y del control que ejercen sobre ellos por causa, entre otros motivos, de políticas de conservación excluyentes y discriminatorias. La mayoría de los estados en los que habitan niegan el papel que estos pueblos desempeñan en la conservación de la biodiversidad, estableciendo figuras de conservación sobre los territorios indígenas sin la debida consulta previa y limitando el acceso, el control y el uso del territorio por parte de las comunidades.

La aspiración de los pueblos indígenas de determinarse libremente y gestionar sus territorios de forma efectiva -especialmente aquellos que se superponen con áreas protegidas-, para asegurar su pervivencia sin perder su identidad y procurar un desarrollo a partir de sus propias visiones y aspiraciones, era el fundamento del proyecto, que tenía como objetivo global contribuir a disminuir la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en las políticas, planes y proyectos de conservación en América Latina.

Siete organizaciones de tres países (Colombia, Paraguay y Argentina) se embarcaron con Almáciga en esta propuesta con el propósito de aumentar y cualificar la participación de los pueblos indígenas en la definición y puesta en práctica de esas políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, territorios y recursos para garantizar la plena aplicación de sus derechos individuales y colectivos.

Los resultados previstos en el proyecto estaban básicamente relacionados con tres aspectos:

  1. El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y organizaciones indígenas con el propósito de, por una parte, mejorar el control y la gestión sostenible del territorio y, por otra, incidir en la elaboración de políticas públicas de conservación que respeten sus derechos. Para ello, se desarrollaron en los tres países procesos de formación y se elaboraron documentos con propuestas de ordenamiento y gestión del territorio. También se diseñó y puso en marcha una plataforma de formación online sobre derechos de los pueblos indígenas. Además, se potenciaron o generaron espacios de diálogo y negociación con las instituciones de gobierno de los niveles locales y nacionales.
  2. El fortalecimiento del trabajo en red para intercambiar experiencias y formular propuestas conjuntas. Se celebraron reuniones nacionales de intercambio de experiencias de gestión de los territorios indígenas entre diferentes pueblos, que facilitaron el establecimiento de estrategias y propuestas conjuntas de negociación y sentaron las bases para la elaboración de un documento de armonización de la legislación medioambiental con la normativa y las políticas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional en cada uno de los tres países. Así mismo, se coordinó la realización de un seminario regional de intercambio de experiencias de gestión de territorios indígenas afectados por el establecimiento de áreas protegidas, en el que se dieron cita representantes de pueblos indígenas de Panamá, Colombia, Perú, Paraguay y Argentina.
  3. La sensibilización de las instituciones y las sociedades de los tres países en torno a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su papel en la conservación.

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